Facturas entre empresas: la fecha de entrega importa al calcular el vencimiento
La Ley 3/2004 distingue el plazo por defecto, los acuerdos y los procedimientos de aceptación. Un registro de fechas evita mezclar esos supuestos.
Decir que una factura se paga siempre a sesenta días oculta datos necesarios. En las operaciones comerciales sujetas a la Ley 3/2004, el artículo 4 fija, a falta de pacto, treinta días naturales después de recibir los bienes o prestar los servicios, aunque la factura se haya recibido antes. Los plazos pueden ampliarse por acuerdo sin superar sesenta días naturales. Esta explicación se limita a operaciones entre empresas dentro de su ámbito; no describe compras de consumidores.
La norma contempla además procedimientos de aceptación o comprobación: su duración no puede exceder treinta días naturales desde la recepción y, en ese supuesto, el pago se realiza dentro de treinta días después de la aceptación. No basta, por tanto, con localizar en el documento una cifra aislada sin comprobar qué supuesto se está aplicando. El texto consolidado consultado muestra como última actualización el 1 de octubre de 2014; no presentamos esta regla como una reforma de esta semana.
Para revisar una factura, proponemos una ficha con cinco campos: entrega o prestación, recepción de factura, cláusula de pago, aceptación si existe y vencimiento que se está utilizando. Añade junto a cada fecha el documento que la respalda. Si falta la prueba de entrega, marcar ese hueco resulta más útil que inventar un día para que el calendario cuadre.
Imagina que una empresa recibe una factura antes de que llegue la mercancía. Copiar la fecha de emisión como inicio del cómputo puede mezclar dos hechos diferentes. El ejemplo no resuelve una deuda real: sirve para pedir el albarán y revisar el acuerdo, en lugar de sustituir esos documentos por la costumbre administrativa del cliente.
Antes de reclamar o aceptar un vencimiento, contrasta el ámbito de la operación y cualquier regla especial aplicable. Una discrepancia de fechas necesita aclaración documental; no demuestra por sí sola una infracción. Esta ficha ayuda a preparar la consulta con el responsable financiero o asesor, pero no calcula intereses ni determina la exigibilidad de un contrato concreto.