Proyectos de cero emisiones: quién tramita la declaración estratégica desde el 24 de octubre
El Real Decreto 845/2026 está en vigor desde el 24 de octubre. Cómo separar el contacto administrativo, la declaración estratégica y las autorizaciones de una fábrica.
El Real Decreto 845/2026, publicado el viernes 23 de octubre en el BOE, está en vigor desde el sábado 24. Entre sus medidas para aplicar los reglamentos europeos de materias primas y tecnologías de cero emisiones netas, concreta quién coordina los permisos y quién decide el reconocimiento estratégico de los proyectos industriales. Para un promotor, la primera tarea es identificar la actividad y el territorio afectados antes de preparar la solicitud.
En los proyectos de fabricación de tecnologías de cero emisiones netas, el artículo 11 atribuye a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla la designación de los puntos de contacto únicos. Si el proyecto afecta a más de una comunidad autónoma, esa función corresponde a la Subdirección General para el Impulso de Proyectos Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, en colaboración con los contactos autonómicos afectados. Coordinar la tramitación y reconocer el carácter estratégico son funciones que la norma regula por separado.
La declaración estratégica corresponde como regla general a las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla. El artículo 12 reserva al Estado los proyectos que afecten al territorio de más de una comunidad autónoma y los de transporte o almacenamiento de dióxido de carbono. En los expedientes estatales, la Dirección General de Programas Industriales instruye y la Secretaría de Estado de Industria resuelve. Esa distribución impide trasladar automáticamente un procedimiento estatal a cualquier fábrica situada en una única comunidad.
Un ejemplo hipotético ayuda a ordenar la consulta inicial. Una sociedad quiere fabricar componentes para estas tecnologías en una instalación ubicada íntegramente en una comunidad: debe comprobar el encaje del producto y localizar el órgano autonómico competente. Otra proyecta una actuación que afecta a dos comunidades: debe examinar la vía estatal prevista para ese supuesto. Son dos casos de orientación basados en el criterio territorial del decreto; no se ha evaluado la elegibilidad de ninguna empresa real ni se presupone que la actividad cumpla todos los criterios europeos.
Para el procedimiento estatal, el artículo 14 prevé la solicitud electrónica mediante el formulario disponible en el portal de la Comisión Europea. El artículo 15 distingue la comprobación de documentación, la admisión a trámite, los informes y la resolución. El plazo de un mes para dictar y notificar la resolución se cuenta desde la admisión a trámite prevista en ese artículo. Preparar un calendario contando solo desde el primer envío puede ocultar la fase de comprobación y una eventual subsanación. No se ha presentado una solicitud ni comprobado el funcionamiento actual del formulario.
También interesa registrar qué falta después de obtener un informe favorable. El artículo 15.3 indica expresamente que ese informe no exime de las evaluaciones necesarias y que estas pueden terminar en la denegación de autorizaciones, licencias o permisos. La declaración estratégica tiene efectos de urgencia en los procedimientos estatales de autorización descritos en el artículo 13, pero el promotor debe seguir identificando los permisos que exige su instalación.
Como herramienta de preparación proponemos una ficha con cinco campos: actividad concreta y tecnología a la que se destina; ubicación y comunidades afectadas; órgano que coordina los permisos; órgano que resuelve el reconocimiento estratégico; y autorizaciones todavía pendientes. Añadir al lado el documento que acredita cada hito permite distinguir una consulta inicial, una solicitud admitida y una resolución. La ficha es una propuesta de organización del expediente, no un nuevo requisito del BOE ni una garantía de aprobación.